Denuncia penal por estafa

Cuando alguien obtuvo un provecho económico ilícito induciendo o manteniendo en error a la víctima por medio de artificios o engaños, y por ese error la víctima entregó dinero o bienes. Son casos típicos la venta de algo que no existe o que nunca se entrega, la falsa oferta de inversión con rendimientos, el arriendo de un inmueble por quien no puede arrendarlo y la obra pagada por anticipado que jamás se ejecuta. No basta el incumplimiento de un contrato: hay que poder mostrar el engaño anterior o concomitante a la entrega.

Ante la Fiscalía General de la Nación, en una sala de denuncias, en una Unidad de Reacción Inmediata (URI) o ante la policía judicial (CTI o SIJIN). El artículo 69 del Código de Procedimiento Penal admite que la denuncia se haga verbalmente, por escrito o por cualquier medio técnico que permita identificar a su autor, dejando constancia del día y la hora de presentación.

Todo lo que documente el engaño y el desembolso: contratos, cotizaciones, facturas, comprobantes de transferencia o consignación, pantallazos de conversaciones de WhatsApp o correo con fecha y número visibles, publicaciones del anuncio, certificado de existencia y representación si el contraparte es una empresa, y certificado de tradición si el negocio recayó sobre un inmueble. Se anexa además copia del documento de identidad del denunciante.

El artículo 74 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el artículo 22 de la Ley 2197 de 2022, exige querella para la estafa cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes, y la querella caduca a los seis meses siguientes a la comisión de la conducta (artículo 73). Por encima de esa cuantía la investigación es oficiosa. En todo caso conviene denunciar apenas se advierta el engaño, porque las pruebas digitales y bancarias se pierden con el tiempo.

Nada. La actuación procesal no causa erogación alguna a quienes intervienen en ella (artículo 13 del Código de Procedimiento Penal) y para denunciar no se necesita abogado. Contratar uno es útil para el seguimiento del caso y para actuar como representante de víctimas, pero no es requisito para radicar.

La Fiscalía asigna un número único de noticia criminal y abre la indagación. La estafa se tramita por el procedimiento especial abreviado del artículo 534 del Código de Procedimiento Penal, y cuando la conducta es querellable la conciliación ante el fiscal o ante un centro de conciliación es requisito de procedibilidad (artículo 522). Si la Fiscalía constata que no hay circunstancias que permitan caracterizar el hecho como delito, archiva las diligencias, decisión que la sentencia C-1154 de 2005 exige motivar y comunicar a la víctima.

Presentar como estafa lo que es un simple incumplimiento contractual, sin describir el artificio; no aportar el soporte del pago, que es la prueba del acto de disposición; y borrar las conversaciones donde consta la promesa engañosa. Otro error frecuente es forzar la calificación: cuando la cosa se entregó voluntariamente por un título no traslativo de dominio y luego el receptor se la apropió, el tipo aplicable es el abuso de confianza del artículo 249, no la estafa.