Glosario jurídico colombiano

Delito de quien se apropia, en provecho suyo o de un tercero, de una cosa mueble ajena que se le confió o entregó por un título que no transfiere el dominio, como un depósito, un comodato o un mandato. Se castiga con prisión de 16 a 72 meses y multa, y requiere querella de la víctima.

Suceso repentino ocurrido por causa o con ocasión del trabajo que produce una lesión, perturbación funcional, invalidez o muerte. Incluye el ocurrido cumpliendo órdenes fuera del sitio habitual y el trayecto en transporte suministrado por el empleador. Lo cubre la ARL: atención médica e incapacidad al 100% del salario desde el día siguiente al del accidente, sin período de carencia.

Demanda para hacer efectiva la garantía, exigir el cumplimiento de lo anunciado o reclamar por cláusulas abusivas e información engañosa. Se presenta ante la Superintendencia de Industria y Comercio, con competencia nacional, o ante el juez civil, sin abogado, por trámite verbal sumario. Exige reclamación directa previa y caduca al año del vencimiento de la garantía o de los hechos.

Mecanismo constitucional para pedirle a cualquier juez la protección inmediata de un derecho fundamental amenazado o vulnerado por una autoridad o por ciertos particulares, como una EPS. No exige abogado ni formalidades, y el juez debe fallar en máximo diez días. Procede sólo cuando no hay otro medio de defensa idóneo o para evitar un perjuicio irremediable.

Acción constitucional para proteger derechos e intereses colectivos, como el ambiente sano, el espacio público, la moralidad administrativa, la seguridad y la salubridad públicas o los derechos de los consumidores. Puede presentarla cualquier persona sin abogado, ante jueces administrativos o civiles del circuito según el demandado. Busca evitar el daño, hacerlo cesar o restituir las cosas a su estado anterior.

Conducta persistente y demostrable de un empleador, jefe, compañero o subalterno dirigida a infundir miedo, causar perjuicio laboral, desmotivar o inducir la renuncia: maltrato, persecución, discriminación, entorpecimiento, inequidad o desprotección. Se denuncia ante el comité de convivencia, el inspector de trabajo o el juez laboral. Las acciones caducan en tres años desde los hechos.

Decisión unilateral de una autoridad pública que crea, modifica o extingue una situación jurídica: una resolución que niega una pensión, impone una multa, otorga una licencia o resuelve un recurso. Debe notificarse personalmente al interesado, indicando los recursos que proceden. Queda en firme cuando vencen los plazos para recurrirlo, se presume legal y sólo un juez puede anularlo.

Registro que administra la Policía Nacional con las decisiones judiciales en materia penal de una persona. La consulta en línea, gratuita y sin vencimiento, reemplazó al certificado en papel (Decreto Ley 019 de 2012, arts. 93 y 94). Responde «no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales» o que registra antecedentes, y se actualiza con los informes de los jueces.

Contrato de arriendo de un inmueble donde funciona un establecimiento de comercio, regido por el Código de Comercio. Quien lleva dos años o más con el mismo negocio tiene derecho a renovar el contrato al vencerse, salvo incumplimiento o que el dueño lo necesite para vivir, reconstruir o un negocio propio distinto, con desahucio de seis meses.

Contrato por el que se entrega un inmueble urbano para vivir a cambio de un canon mensual. Tiene régimen propio: el canon no puede superar el 1% del valor comercial del inmueble, sólo sube una vez al año y hasta el IPC anterior, está prohibido exigir depósitos en dinero y las causales de terminación por el arrendador son taxativas.

Atención inicial obligatoria que toda clínica u hospital, público o privado, debe prestar a cualquier persona cuya vida o integridad está en riesgo, sin exigir autorización de la EPS, pago previo, afiliación ni documento. Negarla o condicionarla es sancionable. Las urgencias con triage I, II y III están exentas de copago, y quien pagó una puede reclamar el reembolso.

Diligencia en la que el empleador le informa al trabajador los hechos que se le atribuyen y le permite explicarse, presentar pruebas y estar acompañado, antes de imponer una sanción disciplinaria o despedirlo con justa causa. La exige el Código para las sanciones y la jurisprudencia constitucional la extendió al despido. Omitirla vuelve injusto el despido aunque la falta exista.

Suma mensual fija que el empleador paga a los trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos, para cubrir su desplazamiento al trabajo. El Gobierno la actualiza cada año junto con el salario mínimo. No es salario para cotizar a seguridad social, pero sí entra en la base de cesantías y prima. No se paga en días de incapacidad ni vacaciones.

Nombre popular del régimen transitorio de la Ley 2157 de 2021: quienes pagaran sus deudas en mora dentro de los doce meses siguientes al 29 de octubre de 2021 verían retirado el reporte negativo en máximo seis meses. Ese plazo venció en octubre de 2022 y el beneficio ya no existe. Hoy rige la regla ordinaria del dato negativo.

Plazo máximo de un año, contado desde la infracción, que tiene la autoridad de tránsito para decidir si impone la sanción. Vencido sin resolución en firme, ya no puede multar y el proceso debe archivarse. En fotodetección, si el comparendo no se notificó bien, los descuentos corren desde la notificación real, pero la caducidad sigue contándose desde el hecho.

Límite máximo de permanencia de un reporte negativo cuando la deuda nunca se paga: ocho años contados desde que la obligación entró en mora. Cumplido ese plazo, la central de riesgo debe retirarlo aunque la deuda siga existiendo. Es independiente de la prescripción de la deuda: el dato puede caducar sin que la obligación prescriba.

Licencia remunerada que el empleador debe conceder por un suceso personal o familiar grave y comprobado, o por un caso fortuito o de fuerza mayor, que afecte el normal desarrollo de tus labores. Cubre a familiares hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil. La ley no fija un número de días.

Situación en la que el juez de tutela ya no tiene nada que ordenar porque la vulneración desapareció: por hecho superado, si la entidad cumplió durante el trámite; por daño consumado, si el perjuicio ya ocurrió y no puede revertirse; o por situación sobreviniente. Aun así puede declarar la violación y prevenir a la entidad para que no la repita.

Documento de identidad que expide Migración Colombia a los extranjeros titulares de una visa de más de tres meses y a sus beneficiarios. Sirve sólo para identificarse en el territorio nacional y su uso debe ser acorde con la visa. No autoriza por sí sola a trabajar. Tiene la vigencia de la visa; la del residente dura cinco años.

Prestación social de un mes de salario por cada año de servicio, o proporcional, que el empleador debe consignar antes del 15 de febrero de cada año en el fondo elegido por el trabajador. No consignar a tiempo cuesta un día de salario por cada día de retraso. Sólo se retiran al terminar el contrato o para vivienda y educación.

Procedimiento con el que una entidad pública cobra por sí misma, sin acudir a un juez, las deudas a su favor que consten en un acto administrativo en firme: multas, impuestos, sanciones. Puede embargar cuentas y bienes, con un límite de inembargabilidad de 510 UVT en la cuenta de ahorros más antigua. Las multas de tránsito prescriben en tres años.

Administradora Colombiana de Pensiones. Es una empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio del Trabajo y creada por el artículo 155 de la Ley 1151 de 2007. Administra el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y el sistema de Beneficios Económicos Periódicos. Es una entidad pública, no un fondo privado de pensiones.

Dependencia del municipio o distrito, no del ICBF, que atiende la violencia en el contexto familiar. Dicta medidas de protección provisionales y definitivas, recibe la petición oral o escrita y debe poder actuar a toda hora. También concilia sobre alimentos y fija cuota provisional (Ley 2126 de 2021, arts. 3, 12, 13 y 30; Ley 1098 de 2006, art. 111).

Orden formal para que el presunto infractor de tránsito se presente ante la autoridad dentro de los cinco días hábiles siguientes. Quien acepta la infracción paga el 50% de la multa si lo hace en los cinco días siguientes con curso pedagógico, o el 75% dentro de los veinte; quien la rechaza pide audiencia.

Mecanismo para resolver un conflicto con ayuda de un conciliador, en un centro de conciliación, notaría, comisaría o ante el defensor de familia, sin ir a juicio. En asuntos civiles y de familia es requisito previo para demandar; en laborales no. El acta de acuerdo tiene efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo: si se incumple, se cobra directamente.

Audiencia ante un procurador judicial que debe intentarse antes de demandar al Estado por nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa o controversias contractuales. Es facultativa en asuntos laborales y pensionales. Su solicitud suspende el plazo de caducidad hasta por tres meses, y el acuerdo, una vez aprobado por el juez, hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

Audiencia obligatoria antes de iniciar la acción penal por delitos querellables, ante el fiscal, un centro de conciliación o un conciliador reconocido. Si víctima y querellado llegan a un acuerdo, por ejemplo de reparación, la Fiscalía archiva el caso; si no hay acuerdo, o se incumple, continúa la investigación. Es requisito de procedibilidad y no aplica a delitos de oficio.

Respuesta escrita del demandado en la que se pronuncia sobre cada hecho y cada pretensión, propone excepciones de mérito como el pago o la prescripción, y pide pruebas. El plazo es de veinte días en el proceso verbal y de diez en el verbal sumario y en el ejecutivo. No contestar hace presumir ciertos los hechos que admiten confesión.

Contrato con plazo definido, que debe constar por escrito y no puede pactarse ni prorrogarse por más de cuatro años. Si dura menos de un año, puede prorrogarse por escrito; el que no cumple esas condiciones se entiende indefinido desde el inicio. Para no renovarlo, cualquiera de las partes avisa con treinta días de anticipación; si nadie avisa, se prorroga.

Contrato de trabajo sin fecha de terminación, que dura mientras subsistan las causas que le dieron origen. Desde la reforma laboral de 2025 es la forma general de vinculación: todo contrato sin plazo escrito se entiende indefinido. Su terminación sin justa causa obliga a pagar indemnización, calculada según el salario y el tiempo de servicio.

Contrato civil o comercial por el que una persona ejecuta una labor con autonomía, sin subordinación ni horario impuesto, a cambio de honorarios. No genera prestaciones sociales ni vacaciones, y el contratista paga su propia seguridad social como independiente. Si en la práctica hay órdenes, horario y dependencia, se convierte en contrato de trabajo por el principio de contrato realidad.

Acuerdo por el cual una persona se obliga a prestar un servicio personal a otra bajo su subordinación y a cambio de una remuneración. Basta que se den esos tres elementos para que exista, sin importar el nombre que le pongan las partes ni que conste por escrito. Genera salario, prestaciones sociales, vacaciones y afiliación a seguridad social.

Contrato de trabajo que dura lo que tarde una obra o labor concreta. Debe constar por escrito y describirla de forma precisa y detallada. Si falta el escrito o la descripción, o el trabajador sigue al terminar la obra, se entiende a término indefinido desde el inicio, salvo que sea una obra nueva y diferente.

Principio según el cual prima lo que ocurre en la práctica sobre lo que dice el papel: si hay servicio personal, subordinación y pago, existe contrato de trabajo aunque se haya firmado como prestación de servicios o cualquier otra figura. La ley presume la subordinación y le corresponde al empleador desvirtuarla. Permite reclamar prestaciones, vacaciones y aportes no pagados.

Pagos que hace el usuario al recibir servicios. La cuota moderadora es un valor fijo por consulta, examen o medicamento que pagan cotizantes y beneficiarios del régimen contributivo. El copago es un porcentaje del servicio que sólo pagan los beneficiarios. Están exentos los pacientes con cáncer, las urgencias en triage I a III y los eventos de alto costo.

Efecto de una sentencia en firme que impide volver a discutir el mismo asunto entre las mismas partes por la misma causa. La sentencia queda ejecutoriada cuando no admite recursos o vencen los tres días para interponerlos, y desde entonces es definitiva y de obligatorio cumplimiento. Tienen el mismo efecto las actas de conciliación y las transacciones aprobadas.

Suma periódica que un padre o madre debe aportar para el sustento, vivienda, salud y educación de sus hijos, fijada por acuerdo, conciliación o sentencia según la capacidad del obligado. Se reajusta cada 1 de enero con el IPC. Se pide ante el defensor o comisario de familia o el juez, y permite embargar hasta el 50% del salario.

Derecho y deber de tener al hijo consigo y ocuparse de su crianza diaria. Normalmente la ejercen ambos padres; al separarse, la asigna el acuerdo conciliado ante el defensor de familia o, sin acuerdo, el juez de familia en única instancia, según el interés superior del niño. Quien no la tiene conserva las visitas y la patria potestad.

Incumplimiento de obligaciones que un banco o empresa reporta a una central de riesgo. Una vez pagada la deuda, permanece el doble del tiempo que duró la mora, con un máximo de cuatro años desde el pago. Las obligaciones de hasta el 15% de un salario mínimo sólo pueden reportarse tras dos comunicaciones y veinte días después de la última.

Derecho fundamental a que toda actuación judicial o administrativa siga las reglas previas fijadas por la ley: juez o autoridad competente, posibilidad de conocer los cargos, defenderse, presentar y controvertir pruebas, y recurrir la decisión. Se aplica también a procesos disciplinarios en empresas, colegios o copropiedades. Su violación permite anular la decisión y, en casos graves, acudir a la tutela.

Declaración anual del impuesto sobre la renta y complementarios, que se presenta ante la DIAN en su formulario. Las personas naturales la presentan si sus ingresos brutos llegaron a 1.400 UVT, su patrimonio bruto superó 4.500 UVT, sus consumos con tarjeta, compras o consignaciones superaron 1.400 UVT, o si son responsables de IVA.

Escrito con el que se inicia un proceso judicial. Debe identificar al juez, a las partes, lo que se pide, los hechos numerados, las pruebas, la cuantía y las direcciones de notificación. Si le falta un requisito, el juez la inadmite y da cinco días para corregirla. En asuntos civiles de hasta cuarenta salarios mínimos puede presentarse sin abogado.

Relato bajo juramento, verbal o escrito, con el que cualquier persona pone en conocimiento de la Fiscalía, la Policía o la URI un hecho que puede ser delito. No requiere abogado ni pruebas: basta describir lo ocurrido, cuándo y quiénes intervinieron. No puede ser anónima, salvo que aporte datos concretos. Presentarla es un deber ciudadano y puede hacerse en línea.

Sanción administrativa con la que Migración Colombia obliga a un extranjero a salir del país por alguna de las once causales legales: permanencia irregular, obtener la visa con documentos falsos, desarrollar una actividad no autorizada en su permiso o no irse en los treinta días siguientes a que le cancelen la visa. Prohíbe regresar entre seis meses y diez años.

Derecho fundamental a presentar solicitudes respetuosas ante autoridades y ciertas entidades privadas, como EPS o bancos, y a obtener respuesta de fondo. El plazo general es de quince días hábiles; diez para copias o información de documentos y treinta para consultas. No responder es falta disciplinaria para el funcionario y abre la puerta a la tutela.

Facultad de arrepentirse de una compra hecha a distancia, por internet, teléfono o catálogo, con financiación del vendedor o por métodos no tradicionales, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la entrega o a la firma del contrato de servicios. Se devuelve el producto y se reintegra todo el dinero; en comercio electrónico, en máximo quince días calendario.

Aviso que una parte del arrendamiento da a la otra para terminarlo o no renovarlo. En vivienda urbana es escrito, va por servicio postal autorizado y se da con tres meses de antelación (Ley 820 de 2003, arts. 22 y 24). En local comercial, el propietario que necesita el inmueble avisa con seis meses (Código de Comercio, art. 520).

Terminación del proceso por inactividad de quien lo promovió. Ocurre cuando la parte no cumple en treinta días una carga que el juez le ordenó, como pagar la publicación de un emplazamiento, o cuando el expediente permanece un año sin ninguna actuación; dos años si ya hay sentencia a favor del demandante. Se notifica por estado y levanta los embargos.

Renuncia del trabajador motivada por un incumplimiento grave del empleador, como no pagar el salario, exigir tareas distintas a las contratadas, malos tratos o desmejora de condiciones. Si el trabajador manifiesta la causal al renunciar y la prueba, tiene derecho a la misma indemnización del despido sin justa causa. Se conoce también como renuncia forzada o autodespido.

Medida de aseguramiento que priva de la libertad a un imputado antes de la condena, en cárcel o en su residencia. Sólo procede en delitos de los jueces penales especializados, en los investigables de oficio con pena mínima de cuatro años o más y en otros casos tasados, cumplidos los requisitos del artículo 308. No puede exceder un año.

Días en que trabajan los despachos judiciales y las entidades públicas: de lunes a viernes, excluidos festivos y vacancia judicial. Salvo que la norma diga «días calendario» o «corrientes», los plazos de días que fija la ley se cuentan en días hábiles y empiezan a correr el día siguiente a la notificación. Quince días hábiles son tres semanas.

Disolución del matrimonio civil, o de los efectos civiles del religioso, por sentencia del juez de familia o, si hay acuerdo total, por escritura ante notario con abogado. Desde la Ley 2442 de 2024 basta la sola voluntad de uno de los cónyuges, sin probar culpa ni esperar plazos. En el trámite se definen alimentos, custodia, visitas y sociedad conyugal.

Lo que el consumidor puede exigir cuando el producto falla dentro de la garantía: primero, reparación totalmente gratuita, incluidos repuestos y transporte, dentro del plazo que fija el reglamento. Si el bien no admite reparación, o la falla se repite, el consumidor elige entre una nueva reparación, el cambio por otro igual o la devolución total o parcial del dinero.

Medida cautelar por la que un juez saca bienes del comercio para asegurar el pago de una deuda: cuentas bancarias, salario, inmuebles, vehículos o muebles. Procede en el proceso ejecutivo desde el mandamiento de pago y no puede superar el doble del crédito. Son inembargables el salario mínimo, los ahorros hasta el tope de la Superfinanciera y los bienes domésticos.

Enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo propios del trabajo o del medio en que el trabajador debe laborar. Se determina identificando el factor de riesgo en el sitio de trabajo y un diagnóstico médico relacionado con él. Si no figura en la Tabla de Enfermedades Laborales, se reconoce igual al probar la causalidad. La cubre la ARL.

Entidad Promotora de Salud: empresa pública o privada encargada de afiliar a las personas al sistema de salud, recaudar sus cotizaciones y garantizar, mediante una red de clínicas y hospitales, todos los servicios del plan de beneficios. Debe autorizar lo que ordena el médico tratante, entregar medicamentos y pagar incapacidades y licencias. La vigila la Superintendencia Nacional de Salud.

Protección especial contra el despido para trabajadores en situación de debilidad: embarazadas, personas con discapacidad o con una condición de salud que dificulte su labor, y prepensionados. Despedir a quien está incapacitado o en tratamiento conocido por el empleador exige permiso del inspector de trabajo; sin él, el despido es ineficaz y proceden reintegro e indemnización de 180 días.

Delito de quien obtiene un provecho ilícito, para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error mediante artificios o engaños. Se castiga con prisión de 32 a 144 meses y multa, y con 16 a 36 meses si la cuantía no pasa de 10 salarios mínimos. Si no excede 150, exige querella.

Medida más grave que la deportación. Migración Colombia la ordena contra el extranjero que no cumplió una resolución de deportación, regresó antes de tiempo, fue condenado a prisión en Colombia o está documentado fraudulentamente como nacional de otro país. Contra ella proceden los recursos de la sede administrativa, en efecto suspensivo. La prohibición de regresar no baja de cinco años.

Delito de quien constriñe a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa con el propósito de obtener un provecho ilícito, para sí o para un tercero. Se castiga con prisión de 192 a 288 meses (16 a 24 años) y multa de 800 a 1.800 salarios mínimos (Código Penal, art. 244). No requiere querella.

Documento que soporta la venta de bienes o servicios, expedido por el sistema de la DIAN y validado antes de entregarse al comprador. Es obligatoria para casi todos los negocios, sirve de soporte tributario y, cuando se acepta expresa o tácitamente, es título valor: el vendedor puede cobrarla ejecutivamente o negociarla. No puede expedirse por bienes o servicios no entregados.

Método como un código, una contraseña, un dato biométrico o una clave criptográfica que identifica a quien firma un mensaje de datos y resulta confiable para el fin con que se usa. Cumple el requisito legal de firma y tiene los mismos efectos que la manuscrita. La firma digital con certificado de una entidad acreditada es la clase más exigente.

Detección de infracciones de tránsito con cámaras. Como la cámara capta la placa y no al conductor, la autoridad debe enviar el comparendo al propietario, a la dirección del RUNT, dentro de los tres días hábiles siguientes a validarlo. La multa sólo puede imponerse a quien condujo: la solidaridad del dueño es inexequible desde 2020.

Prohibición de despedir a una trabajadora por causa del embarazo o la lactancia sin autorización previa del inspector de trabajo. El despido ocurrido durante el embarazo o en las dieciocho semanas siguientes al parto se presume discriminatorio. Sin permiso, la trabajadora tiene derecho al reintegro y a una indemnización de sesenta días de salario, además de las demás prestaciones.

Obligación de todo productor y proveedor, solidariamente, de responder por la calidad, idoneidad, seguridad y buen funcionamiento de lo que venden. Existe aunque no se firme nada. Si no se indica plazo, es de un año para productos nuevos y de tres meses para usados y servicios de reparación. Un letrero de «no se aceptan devoluciones» no la elimina.

Cobro de bancos, empresas y casas de cobranza a deudores en mora. Desde octubre de 2023, sólo por los canales que el deudor autorizó, de lunes a viernes entre 7:00 a.m. y 7:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., una vez al día, nunca domingos ni festivos, y sin contactar referencias personales.

Clasificación del Sisbén IV que ordena a los hogares en cuatro grupos, según sus condiciones de vida e ingresos. A es pobreza extrema; B, pobreza moderada; C, población vulnerable; D, población no pobre ni vulnerable. Tienen 5, 7, 18 y 21 subgrupos. No hay puntaje de 0 a 100.

Derecho fundamental y acción constitucional que protege la libertad personal cuando alguien es privado de ella con violación de las garantías constitucionales o legales, o cuando la privación se prolonga ilegalmente. Se invoca ante cualquier juez, sólo una vez por los mismos hechos, y debe resolverse dentro de las treinta y seis horas siguientes.

Derecho fundamental a conocer, actualizar y rectificar la información que sobre una persona reposa en bases de datos públicas y privadas. Para datos financieros lo regula la Ley 1266 de 2008; para los demás, la Ley 1581 de 2012. Se ejerce con un reclamo ante quien maneja el dato, luego ante la SIC y, si hay urgencia, por tutela.

Garantía sobre un inmueble que sigue en poder del deudor (Código Civil, art. 2432). Si la deuda no se paga, el acreedor puede perseguir el bien aunque cambie de dueño. Debe constar en escritura pública e inscribirse en el registro de instrumentos públicos; sin la inscripción no tiene valor (arts. 2434 y 2435).

Tiempo trabajado por encima de la jornada ordinaria pactada o de la máxima legal. Se pagan con recargo del 25% si son diurnas y del 75% si son nocturnas, sobre el valor de la hora ordinaria. No pueden exceder dos horas diarias ni doce semanales, y no requieren permiso del Ministerio del Trabajo. El empleador debe llevar registro de ellas.

Delito de quien se apodera de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro. Se castiga con prisión de 32 a 48 meses si la cuantía es inferior a cuatro salarios mínimos, y de 48 a 108 si es igual o superior. Con violencia u otras circunstancias del artículo 240, es hurto calificado.

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Mariano Ospina Pérez. Es una entidad financiera de naturaleza especial, con personería jurídica y patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional. Fomenta la educación superior con créditos, subsidios y becas, priorizando a la población de bajos recursos y con mérito académico.

Proceso ante el juez de familia para desvirtuar que un hombre es el padre legal de un hijo. El hijo puede impugnar en cualquier tiempo. El cónyuge o compañero permanente y la madre tienen 140 días desde que supieron que no es el padre biológico. Se decide con prueba de ADN (Código Civil, arts. 216 y 217).

Defensa del presunto infractor que rechaza la multa: pide audiencia ante la autoridad de tránsito, presenta descargos y pruebas, y puede recurrir la resolución sancionatoria con reposición y apelación. Si el comparendo ya está en firme o pagado, el camino es la revocatoria directa. La autoridad tiene un año para sancionar.

Recurso con el que cualquiera de las partes, o el Defensor del Pueblo, pide que un juez superior revise la sentencia de tutela de primera instancia. Se presenta dentro de los tres días siguientes a la notificación, sin necesidad de sustentarla. El superior decide en veinte días y el expediente va luego a la Corte Constitucional para eventual revisión.

Acto en el que la Fiscalía, en audiencia ante el juez de control de garantías, le comunica a una persona que la considera posible autora de un delito. Desde ese momento es imputada, tiene derecho a defensor y a conocer las pruebas, y empieza el plazo para acusar. Interrumpe la prescripción y permite medidas de aseguramiento.

Delito que comete quien, sin justa causa, deja de pagar los alimentos que debe legalmente a sus hijos, padres, cónyuge o compañero permanente. La pena es de prisión de 16 a 54 meses y multa; de 32 a 72 meses si la víctima es menor de edad. Desde 2012 se investiga de oficio y no admite desistimiento.

Certificado médico que exime al trabajador de laborar y le da derecho a un auxilio. Por enfermedad común, los dos primeros días los paga el empleador y desde el tercero la EPS: dos tercios del salario hasta el día 90 y la mitad hasta el 180, nunca menos del mínimo. Del 181 al 540 paga el fondo de pensiones.

Trámite que se pide ante el mismo juez que falló una tutela cuando la entidad obligada no cumple la orden dentro del plazo fijado, que nunca supera 48 horas. El juez puede sancionar al responsable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de veinte salarios mínimos mensuales; la sanción se consulta con el superior.

Sanción al empleador que no paga salarios y prestaciones al terminar el contrato: un día del último salario por cada día de retraso, hasta por veinticuatro meses; después corren intereses moratorios bancarios sobre lo adeudado. Para quienes ganan hasta un salario mínimo rige la regla original, sin ese tope. Los jueces la niegan si el empleador prueba buena fe.

Suma que el empleador debe pagar cuando termina el contrato sin una causal legal. En contratos indefinidos con salario inferior a diez mínimos: treinta días de salario por el primer año y veinte por cada año adicional, proporcionalmente; con salario igual o superior a diez mínimos: veinte y quince días. En contratos fijos: los salarios que faltaban hasta el vencimiento.

Pago único que hace Colpensiones a quien cumple la edad de pensión pero no las semanas, y declara que no puede seguir cotizando: el salario base semanal promedio multiplicado por las semanas cotizadas y por el porcentaje de cotización. En los fondos privados el equivalente es la devolución de saldos. No prescribe; recibirla impide pensionarse después con esas semanas.

Regla que protege el ingreso del trabajador frente a sus acreedores: el salario mínimo no puede embargarse, y del excedente sólo una quinta parte. La excepción son las deudas por alimentos y con cooperativas, que permiten embargar hasta el 50% de todo el salario. Con el mínimo de 2026 en $1.750.905, un salario de $3.000.000 sólo admite embargo de $249.819.

Promedio de los salarios sobre los que se cotizó durante los diez años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizado con el IPC, al que se aplica el porcentaje que define la mesada. Si el promedio de toda la vida laboral resulta mayor y se cotizaron al menos 1.250 semanas, el afiliado puede elegirlo.

Delitos contra la integridad moral. La injuria es hacerle a otra persona imputaciones deshonrosas, y la calumnia es atribuirle falsamente una conducta típica, es decir, un delito. La injuria se castiga con prisión de 16 a 54 meses y la calumnia con 16 a 72, más multa. Ambas requieren querella de la víctima.

Procedimiento para que una persona en cesación de pagos negocie con todos sus acreedores a la vez, ante un centro de conciliación o una notaría, convalide un acuerdo privado, o liquide su patrimonio ante el juez civil del circuito. Lo pueden usar los no comerciantes y los pequeños comerciantes. Mientras dura, se suspenden los procesos ejecutivos y los embargos.

Dependencia del Ministerio del Trabajo, con oficinas en cada ciudad, ante la que un trabajador puede presentar querella gratuita por incumplimientos del empleador: no pago de prestaciones, exceso de jornada, no afiliación a seguridad social o acoso laboral. Sus inspectores vigilan, sancionan con multas y autorizan despidos de trabajadores con fuero. No ordenan pagos: eso corresponde al juez.

Pago anual del 12% sobre el saldo de cesantías acumulado al 31 de diciembre, o proporcional al tiempo trabajado, que el empleador entrega directamente al trabajador, no al fondo, a más tardar el 31 de enero siguiente. Si no los paga en ese plazo, debe reconocer una suma adicional igual al valor de los intereses, como indemnización.

Tope de horas de trabajo ordinario a la semana. Desde el 15 de julio de 2026 es de 42 horas, por la reducción gradual de la Ley 2101 de 2021: 47 desde 2023, 46 desde 2024, 44 desde 2025 y 42 desde 2026. Puede distribuirse de común acuerdo en cinco o seis días. Lo que pase es hora extra.

Motivo expresamente listado en la ley que permite al empleador terminar el contrato sin pagar indemnización, como engaño al ser contratado, violencia o indisciplina graves, daño intencional, revelar secretos técnicos o incumplir sistemáticamente las obligaciones. Debe invocarse en la carta de despido en ese momento; después no pueden alegarse causales distintas, y el trabajador tiene derecho a ser oído antes.

Documento público, personal e intransferible, que autoriza a conducir vehículos de una categoría en todo el país. Se suspende por decisión judicial, por embriaguez o por incapacidad física certificada, y se cancela, entre otras causas, por reincidencia en conducir embriagado. Con la primera alcoholemia, incluso en el grado más bajo, la suspensión es de un año más multa y curso.

Descanso remunerado de dieciocho semanas por el parto, pagado por la EPS con el salario que la trabajadora devengaba al iniciarla, siempre que haya cotizado durante el embarazo; si cotizó menos tiempo, se paga en proporción. Puede empezar hasta dos semanas antes del parto. El padre tiene dos semanas de licencia de paternidad, y cabe la licencia parental compartida.

Permiso remunerado de cinco días hábiles por la muerte del cónyuge o compañero permanente, o de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, incluidos desde 2024 el hijo, padre o madre de crianza. Aplica a cualquier modalidad de contratación. El hecho se demuestra con el certificado de defunción dentro de los treinta días siguientes.

Permiso pagado que la reforma laboral de 2025 obliga a conceder para asistir a citas médicas de urgencia o programadas con especialista, atender obligaciones escolares como acudiente cuando el colegio exija presencia, y comparecer a citaciones judiciales o administrativas. Rige desde el 25 de junio de 2025. Descontar el día equivale a negar la licencia.

Cuenta de lo que el empleador debe pagar al terminar cualquier contrato de trabajo: salarios pendientes, cesantías e intereses proporcionales, prima de servicios proporcional, vacaciones no disfrutadas y, si aplica, indemnización por despido. Debe pagarse al finalizar el vínculo; cada día de retraso genera indemnización moratoria. Los derechos laborales prescriben en tres años desde que se hicieron exigibles.

Restricción que el juez de control de garantías impone a un imputado, a petición del fiscal o de la víctima, para evitar que obstruya la justicia, sea un peligro para la comunidad o la víctima, o no comparezca. Puede ser privativa de la libertad, en cárcel o en la residencia, o no privativa: vigilancia electrónica, presentaciones o prohibición de acercarse.

Orden inmediata que dicta la comisaría de familia, o el juez donde no la hay, para frenar la violencia intrafamiliar: desalojo del agresor, prohibición de acercarse o comunicarse, protección policial, tratamiento terapéutico o custodia provisional de los hijos. Se pide dentro de los treinta días siguientes al hecho, sin abogado, y su incumplimiento se sanciona con multa y arresto.

Órdenes provisionales del juez para asegurar que la sentencia pueda cumplirse: embargo y secuestro de bienes, inscripción de la demanda en el registro del inmueble o cualquier otra que resulte razonable. En procesos ejecutivos se decretan desde el mandamiento de pago; en los declarativos, quien las pide presta caución del 20% de las pretensiones para responder por perjuicios si pierde.

Categoría de los procesos civiles cuyas pretensiones no superan cuarenta salarios mínimos mensuales. Los conoce el juez civil municipal o el de pequeñas causas en única instancia, por trámite verbal sumario, y la ley permite actuar sin abogado. Entre cuarenta y ciento cincuenta mínimos es menor cuantía y por encima, mayor cuantía, ambas con dos instancias y abogado obligatorio.

Derecho fundamental, construido por la jurisprudencia constitucional, a contar con los recursos indispensables para vivir con dignidad: alimentación, vivienda, salud y educación básica. No equivale al salario mínimo, sino a lo que cada persona necesita según su situación. Su afectación es el argumento que abre la tutela para reclamar salarios, pensiones o incapacidades no pagadas.

Plataforma del Ministerio de Salud en la que el médico tratante prescribe directamente los medicamentos, procedimientos y servicios que no se financian con la UPC, sin que la EPS tenga que autorizarlos con un comité. Registrada la prescripción, la EPS debe garantizar la entrega en los plazos de la norma. No pueden exigirle trámites adicionales al paciente.

Retraso culpable en el cumplimiento de una obligación. El deudor queda en mora cuando vence el plazo pactado sin pagar o, si no había plazo, cuando el acreedor lo requiere judicialmente. Desde entonces debe intereses moratorios, que no pueden superar una vez y media el interés bancario corriente. Es también el inicio del reporte en centrales de riesgo.

Incumplimiento del empleador que descontó los aportes a pensión del salario pero no los pagó, o no afilió al trabajador. La deuda es del empleador y el fondo debe cobrarla con intereses; la jurisprudencia impide trasladar sus consecuencias al trabajador, así que esas semanas deben contarse para la pensión. Se reclama pidiendo al fondo que inicie el cobro.

Vínculo jurídico de una persona con el Estado colombiano, que se tiene por nacimiento o por adopción (Constitución, art. 96). Ningún colombiano por nacimiento puede ser privado de ella y adquirir otra nacionalidad no la hace perder. Naturalizarse exige, en general, cinco años de domicilio con visa de residente, o dos si hay cónyuge, compañero o hijos colombianos.

Forma de enterar al demandado de la existencia del proceso y del auto que admite la demanda, para que pueda defenderse. Puede hacerse enviando la providencia a su correo electrónico, caso en el que se entiende realizada dos días hábiles después del envío, o con citación a la dirección física y, si no comparece, mediante aviso.

Demanda ante los jueces administrativos para que anulen un acto administrativo que lesiona un derecho particular y ordenen restablecerlo o reparar el daño: una multa injusta, una pensión negada, un despido de un empleado público. Debe presentarse dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación del acto, con abogado y, por regla general, tras intentar conciliación ante la Procuraduría.

Principio del derecho a la salud según el cual los servicios deben prestarse sin dilaciones que empeoren la condición del paciente. Las citas de medicina general y odontología deben asignarse en máximo tres días hábiles, y la autorización de una cita con especialista debe responderse en cinco. La EPS no puede negarse a recibir la solicitud ni a fijar fecha.

Título valor en el que una persona promete incondicionalmente pagar una suma de dinero a otra, en una fecha o a la vista. Debe indicar el beneficiario, la forma de vencimiento y llevar la firma del deudor. Es el documento típico de los créditos bancarios y permite iniciar directamente un proceso ejecutivo. Prescribe en tres años desde el vencimiento.

Conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos menores no emancipados para cumplir sus deberes: representarlos legalmente, administrar sus bienes y autorizar actos como salir del país. La ejercen ambos padres aunque estén separados y no depende de la custodia. Sólo el juez puede suspenderla o quitarla, por causales graves como abandono o maltrato.

Mesada para quien pierde el 50% o más de su capacidad laboral por enfermedad o accidente de origen común y ha cotizado al menos 50 semanas en los tres años anteriores a la fecha de estructuración; los menores de veinte años sólo necesitan 26 semanas en el último año. La exigencia de fidelidad es inexequible.

Mesada que reciben los familiares de un pensionado que fallece, o de un afiliado que muere habiendo cotizado 50 semanas en los tres años anteriores. Son beneficiarios el cónyuge o compañero permanente, los hijos menores de 18 años, los estudiantes hasta los 25 y los hijos inválidos; a falta de ellos, los padres que dependían del fallecido.

Mesada mensual vitalicia que reconoce el sistema a quien cumple la edad y el tiempo de cotización: en prima media, 57 años la mujer, 62 el hombre y 1.300 semanas; en ahorro individual, el capital suficiente. Se solicita ante Colpensiones o el fondo, que debe resolver en máximo cuatro meses. La negativa se recurre y luego se demanda.

Porcentaje que mide cuánto disminuyó la capacidad de una persona para trabajar a causa de una enfermedad o accidente, según el manual único de calificación. Lo califican primero la EPS, la ARL, el fondo de pensiones o Colpensiones; si hay desacuerdo deciden las juntas regional y nacional. Un 50% o más da derecho a la pensión de invalidez.

Etapa inicial del contrato de trabajo, que debe pactarse por escrito, en la que cualquiera de las partes puede terminarlo sin preaviso ni indemnización. No puede durar más de dos meses; en contratos a término fijo de menos de un año, no puede pasar de la quinta parte del plazo pactado. Durante ese tiempo el trabajador tiene todas las prestaciones.

Daño inminente, grave y urgente que justifica conceder una tutela aunque exista otro medio de defensa judicial, porque esperar ese proceso dejaría el derecho sin protección real. La jurisprudencia exige demostrar la inminencia, la gravedad y la necesidad de medidas impostergables. Es la excepción a la regla de que la tutela es subsidiaria.

Documento de identificación y regularización creado por el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Permite permanecer en Colombia, trabajar, estudiar y afiliarse a salud y pensión, y tiene vigencia hasta el 30 de mayo de 2031, cuando termina el Estatuto. Lo expide Migración Colombia a quien se inscribió en el Registro Único de Migrantes Venezolanos y cumplió los requisitos.

Conjunto de servicios y tecnologías que el sistema de salud garantiza a todos los afiliados. Desde la Ley Estatutaria de Salud la regla se invirtió: todo lo que un médico prescribe está cubierto, salvo lo que el Ministerio de Salud haya excluido expresamente por resolución. No estar en la lista de la UPC no es estar excluido.

Documento con el que una persona, el poderdante, autoriza a otra, el apoderado, para actuar en su nombre, y que se otorga ante notario. Es un mandato, general o especial. Puede constar en escritura pública o en un documento privado cuyas firmas reconoce el notario, según lo que exija el trámite donde se vaya a usar.

Aviso con al menos treinta días de anticipación para no renovar un contrato a término fijo, que puede dar cualquiera de las partes. Si nadie lo da, el contrato se prorroga. En el contrato indefinido, quien renuncia debe dar treinta días calendario de preaviso, sin que pueda pactarse sanción por omitirlo.

Extinción del cobro de una multa de tránsito ya impuesta cuando pasan tres años desde el hecho sin que la autoridad notifique mandamiento de pago en cobro coactivo. Debe declararse de oficio. Es distinta de la caducidad, que es el plazo de un año para sancionar. La multa prescrita se retira del SIMIT.

Pérdida del derecho a cobrar judicialmente una obligación por el paso del tiempo sin reclamarla. La acción ejecutiva prescribe en cinco años y la ordinaria en diez; la de un pagaré o letra, en tres. El juez no la declara de oficio: el deudor debe alegarla. La interrumpen la notificación de la demanda y el reconocimiento de la deuda.

Pérdida del derecho a reclamar judicialmente salarios, prestaciones o indemnizaciones por dejar pasar tres años desde que cada obligación se hizo exigible. Un simple reclamo escrito ante el empleador la interrumpe por una sola vez y por otros tres años. No prescriben las cesantías mientras dure el contrato ni el derecho a la pensión, aunque sí las mesadas atrasadas.

Prestación social de treinta días de salario por cada año trabajado, o proporcional a la fracción, pagada en dos cuotas: la mitad a más tardar el 30 de junio y el resto en los primeros veinte días de diciembre. La reciben todos los trabajadores dependientes, incluidos los domésticos y los que trabajan por días; no quienes tienen salario integral.

Facultad de la Fiscalía para suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal de una persona, en casos que la ley enumera, como delitos de pena menor con reparación a la víctima, colaboración eficaz o pena desproporcionada. Se aplica hasta antes del juicio, con control del juez de garantías, y extingue la acción penal cuando se cumplen las condiciones.

Juicio para cobrar por la fuerza una obligación clara, expresa y exigible que conste en un documento que provenga del deudor: pagaré, letra, cheque, contrato, acta de conciliación o sentencia. El juez libra mandamiento de pago, puede decretar embargos desde el inicio y el deudor tiene diez días para pagar o proponer excepciones. Hasta cuarenta salarios mínimos no exige abogado.

Juicio ante el juez laboral para reclamar salarios, prestaciones, indemnizaciones, contrato realidad o reintegro. Los asuntos de hasta veinte salarios mínimos van a única instancia ante el juez municipal de pequeñas causas laborales, sin necesidad de abogado; los demás exigen abogado y tienen dos instancias. Antes de demandar no es obligatoria la conciliación. Los derechos prescriben en tres años.

Contrato por el que las partes se obligan a celebrar más adelante otro contrato, casi siempre la compraventa de un inmueble. Sólo produce obligaciones si consta por escrito, fija plazo o condición para celebrarlo y describe el contrato prometido de modo que sólo falten la entrega o las formalidades legales. Si una parte incumple, la otra puede exigir la escrituración.

Forma especial de dominio en la que cada propietario tiene un bien privado, como un apartamento, y comparte con los demás la copropiedad de los bienes comunes. Se constituye por escritura pública registrada, y al inscribirse nace una persona jurídica sin ánimo de lucro que los administra (Ley 675 de 2001, arts. 1, 4 y 33).

Información o mensaje publicitario que no corresponde a la realidad o es insuficiente y puede inducir a error al consumidor sobre precio, características, condiciones o promociones. Está prohibida, y las condiciones objetivas anunciadas obligan al anunciante tal como se publicaron: si un almacén anuncia un precio, debe respetarlo. El anunciante responde por los perjuicios y la SIC puede sancionarlo.

Solicitud que la propia víctima debe presentar para que la Fiscalía investigue ciertos delitos menores, como lesiones con incapacidad de hasta sesenta días, injuria, calumnia, hurto o estafa que no superen 150 salarios mínimos, abuso de confianza o daño en bien ajeno. Debe presentarse dentro de los seis meses siguientes al hecho, exige conciliación previa y puede retirarse.

Pago adicional por trabajar en el día de descanso obligatorio o en festivo, en proporción a las horas laboradas. La reforma laboral lo fijó en el 100%, con escalones opcionales para el empleador: 80% desde el 1 de julio de 2025, 90% desde el 1 de julio de 2026 y 100% desde julio de 2027. Antes era del 75%.

Pago adicional del 35% sobre la hora ordinaria por trabajar en horario nocturno. Desde el 25 de diciembre de 2025 la jornada nocturna va de 7:00 p.m. a 6:00 a.m., por la reforma laboral; antes empezaba a las 9:00 p.m. El porcentaje no cambió. Si además es hora extra, el recargo sube al 75%.

Reclamo que el consumidor debe presentar primero al productor o proveedor, por escrito, por teléfono o verbalmente, antes de demandar ante la SIC o un juez. La empresa tiene quince días hábiles para responder; el silencio se entiende como aceptación de la reclamación. Es requisito de procedibilidad, así que conviene dejar constancia de la fecha y del contenido.

Solicitud del titular ante la central de riesgo o la entidad que reportó para corregir, actualizar o retirar un dato inexacto. Mientras se tramita, el registro debe llevar la leyenda «reclamo en trámite». Debe resolverse en quince días hábiles, prorrogables por ocho más. Si no responden, el siguiente paso es la queja ante la SIC o la tutela.

Acto por el cual un hombre declara, o un juez establece, que es padre de un hijo. Crea filiación: apellidos, alimentos, patria potestad y herencia. El voluntario, irrevocable, se hace en el acta de nacimiento, por escritura pública, testamento o ante un juez. Si no lo acepta, se investiga con ADN (Ley 75 de 1968, art. 1).

Recurso con el que la parte perjudicada pide al juez superior que revise y revoque o modifique una sentencia o ciertos autos de primera instancia. Contra decisiones dictadas fuera de audiencia se interpone por escrito dentro de los tres días siguientes a la notificación; en audiencia, de inmediato y verbalmente. Debe señalar reparos concretos. No procede en única instancia.

Solicitud escrita para que la misma autoridad que dictó un acto administrativo lo aclare, modifique o revoque. Debe presentarse dentro de los diez días siguientes a la notificación, sustentando las razones, y puede ir acompañado del recurso de apelación en subsidio, que resuelve el superior. Agotar la apelación, cuando procede, es requisito para demandar el acto ante la jurisdicción.

Nombre común de la Ley 2466 de 2025. Hizo del contrato indefinido la regla, limitó el fijo a cuatro años, movió el recargo nocturno a las 7:00 p.m. desde el 25 de diciembre de 2025, llevó el dominical al 100% en escalones de 80%, 90% y 100%, y creó permisos por citas médicas.

Protección que Colombia reconoce a quien tiene fundados temores de persecución por raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social; a quien salió de su país porque su vida o libertad peligran por violencia generalizada o conflicto; y a quien correría riesgo de tortura si lo devuelven. La estudia la CONARE y la decide la Cancillería.

Régimen pensional privado, en el que los aportes van a una cuenta personal cuyo saldo, con rendimientos, financia la pensión. No exige semanas: se pensiona quien acumule capital para una mesada del 110% del mínimo. Quien no lo logra, con 1.150 semanas y la edad, accede a la garantía de pensión mínima; si no, a la devolución de saldos.

Régimen pensional público, administrado por Colpensiones, en el que los aportes van a un fondo común y la pensión se calcula por fórmula según semanas e ingreso base de liquidación: 57 años la mujer, 62 el hombre y 1.300 semanas. La mesada es vitalicia y nunca inferior al mínimo. Quien no completa las semanas recibe indemnización sustitutiva.

Reglas sobre cuándo y cómo el padre o la madre que no tiene la custodia comparte tiempo con sus hijos: días, fines de semana, vacaciones y comunicación. Se fija por conciliación ante el defensor de familia o por el juez, según el interés superior del niño. Es un derecho del hijo; impedirlo sin razón puede cambiar la custodia.

Modelo de tributación opcional para personas naturales con empresa y sociedades cuyos socios son personas naturales residentes, con ingresos brutos del año anterior inferiores a 100.000 UVT. Sustituye el impuesto de renta e integra el impuesto al consumo y el ICA en una sola tarifa según actividad e ingresos. Se paga con anticipos bimestrales y una declaración anual.

Registro público que llevan las cámaras de comercio con la matrícula de comerciantes, empresas y establecimientos, y la inscripción de sus actos: constitución, representantes legales, reformas, embargos. Es obligatorio para quien ejerce el comercio y se renueva cada año dentro de los tres primeros meses. El certificado de existencia y representación legal prueba quién puede obligar a una empresa.

Demanda contra el Estado para que indemnice un daño causado por la acción u omisión de sus agentes o entidades, sin que exista un acto administrativo que atacar: un hueco en la vía que causó un accidente, una falla médica en un hospital público. Caduca a los dos años del hecho y exige conciliación previa.

Envío de la información crediticia de una persona a operadores como DataCrédito o TransUnion por parte de la fuente, que es el banco o la empresa acreedora. Antes de reportar una mora, la fuente debe comunicarle al titular con veinte días calendario de anticipación, para que pague o discuta. Un reporte sin aviso previo debe retirarse.

Obligación de reparar el daño que se causa a otro sin que medie contrato, por culpa o negligencia propia, de personas a cargo o de cosas que se poseen. En actividades peligrosas, como conducir, la culpa se presume. La reparación cubre daño emergente, lucro cesante y perjuicios morales, y la acción prescribe en diez años.

Proceso judicial con el que el arrendador recupera el inmueble cuando el arrendatario no paga, incumple o vence el contrato sin entregarlo. Las notificaciones se hacen en el inmueble arrendado. Si la causal es la falta de pago, el arrendatario no es oído hasta consignar lo adeudado, y el proceso es de única instancia. No hay desalojo sin orden judicial.

Derecho a que el banco o emisor de la tarjeta devuelva un pago hecho por comercio electrónico cuando hubo fraude, la operación no fue solicitada, el producto no llegó, llegó distinto o defectuoso. El consumidor debe reclamar al vendedor y avisar a su banco dentro de los cinco días hábiles siguientes; el banco tiene quince días hábiles para reversar.

Inspección obligatoria anual del estado mecánico, de seguridad y de emisiones de un vehículo, hecha en un centro de diagnóstico autorizado. Los carros particulares nuevos la hacen por primera vez al cumplir cinco años de matriculados; las motos y los vehículos de servicio público, a los dos años. Circular sin ella vigente cuesta quince salarios mínimos diarios y la inmovilización.

Solicitud para que la misma autoridad, o su superior, deje sin efectos un acto administrativo ya en firme por ser contrario a la Constitución o la ley, atentar contra el interés público o causar un agravio injustificado. Puede pedirse en cualquier tiempo mientras no se haya admitido demanda judicial, y debe resolverse en dos meses.

Registro Único Nacional de Tránsito: base de datos oficial de vehículos, conductores, licencias, infracciones y centros de enseñanza. La dirección que allí figura es la que la autoridad usa para notificar fotomultas, y mantenerla actualizada es responsabilidad del propietario. También registra el traspaso: mientras el vehículo siga a nombre del vendedor, los comparendos por fotodetección le llegarán a él.

Registro que administra la DIAN para identificar, ubicar y clasificar a quienes tienen obligaciones a su cargo, como declarar renta, cobrar IVA o importar. Se inscribe antes de iniciar la actividad económica, es gratuito, su vigencia es indefinida y debe actualizarse dentro del mes siguiente a cada cambio. Su código de identificación es el NIT.

Modalidad pactada por escrito en la que un solo pago mensual cubre el salario ordinario y, además, prestaciones, recargos, horas extras y primas, salvo las vacaciones. Sólo vale si no baja de diez salarios mínimos más un factor prestacional de al menos el 30%, es decir, trece mínimos en total. Se cotiza a seguridad social sobre el 70%.

Remuneración mínima mensual que todo trabajador de tiempo completo tiene derecho a recibir. Lo fija cada diciembre la Comisión Permanente de Concertación o, si no hay acuerdo, el Gobierno por decreto. Para 2026 quedó en $1.750.905 por el Decreto 1469 de 2025. Es inembargable, salvo por alimentos y cooperativas, y sirve de base para multas, cuantías y topes legales.

Documento temporal que expide Migración Colombia para regularizar la permanencia o la salida de un extranjero. El SC-1 sirve para salir del país y dura hasta treinta días calendario. El SC-2 sirve para permanecer mientras se define un trámite; al solicitante de refugio se le expide gratis, hasta por 180 días prorrogables, y sí le permite trabajar.

Unidad con la que se mide el tiempo aportado al sistema de pensiones. Para la pensión de vejez en prima media se exigen 1.300 semanas en cualquier tiempo; para las mujeres la Corte Constitucional ordenó reducir progresivamente ese número desde 2026. Cuentan las semanas en ambos regímenes, el tiempo como servidor público y el de empleadores que no afiliaron.

Efecto legal de que una autoridad no responda una petición o un recurso. La regla general es el silencio negativo: pasados tres meses sin decisión se entiende negada, lo que permite demandar el acto presunto; en los recursos el plazo es de dos meses. El silencio positivo, que equivale a respuesta favorable, sólo opera cuando una ley lo establece expresamente.

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, sin el cual ningún vehículo puede circular. Cubre gastos médicos, incapacidad, muerte y gastos funerarios de las víctimas de un accidente, sin importar quién tuvo la culpa, pero no los daños de los vehículos. Conducir sin SOAT vigente cuesta treinta salarios mínimos diarios más la inmovilización, y comprarlo después no borra la multa.

Régimen de bienes que nace automáticamente con el matrimonio, salvo capitulaciones previas. Cada cónyuge administra lo suyo, pero al disolverse, por divorcio, separación de bienes, muerte o mutuo acuerdo, se reparten por mitades los bienes adquiridos a título oneroso durante la unión, descontadas las deudas. Las herencias y donaciones quedan fuera. Puede liquidarse ante notario si hay acuerdo.

Comunidad de bienes que la ley presume entre compañeros permanentes cuando la unión marital de hecho ha durado al menos dos años y ninguno tiene una sociedad conyugal anterior sin liquidar. Incluye lo adquirido durante la unión, salvo herencias y donaciones, y se reparte por mitades. La acción para pedir su liquidación prescribe en un año desde la separación.

Tipo de sociedad que puede crear una o varias personas mediante documento privado inscrito en la cámara de comercio, sin escritura pública ni capital mínimo. Los accionistas responden sólo hasta el monto de sus aportes, incluso por deudas laborales y tributarias, salvo que la usen para defraudar. Es la forma más usada por emprendedores y pequeñas empresas en Colombia.

Regla según la cual la tutela sólo procede cuando la persona no cuenta con otro medio de defensa judicial, o cuando el que existe no es idóneo ni eficaz para su situación concreta. Junto con la inmediatez, que exige presentarla en un plazo razonable desde la vulneración, es el primer filtro que revisa el juez antes de estudiar el fondo.

Trámite para repartir los bienes y deudas de una persona fallecida entre sus herederos. Si hay testamento se respeta, con el límite de la legítima: la mitad de la herencia es de los hijos o, si no hay, de los padres. Sin testamento heredan por órdenes: hijos, padres, hermanos; el cónyuge o compañero tiene derechos propios. Con acuerdo, ante notario.

Autoridad nacional de protección al consumidor, de datos personales y de competencia. Tiene dos funciones distintas: la administrativa, que investiga y multa a las empresas hasta con 2.000 salarios mínimos por violar las normas de consumo, y la jurisdiccional, en la que actúa como juez para resolver demandas de consumidores. También conoce los reclamos de habeas data.

Entidad que vigila y sanciona a las EPS, clínicas y hospitales. Además de recibir quejas, tiene función jurisdiccional: puede fallar como juez, con carácter definitivo, sobre negativas de cobertura, reembolso de gastos de urgencias, multiafiliación y libre elección. Debe sentenciar en veinte días en asuntos de cobertura y en sesenta en reembolsos, sin abogado y sin costo para el usuario.

Son las dos formas solemnes de testar. En el abierto, llamado también público o nuncupativo, el testador da a conocer sus disposiciones al notario y a tres testigos, que oyen la lectura completa. En el cerrado o secreto, entrega al notario y a cinco testigos un pliego sellado sin revelar su contenido (Código Civil, arts. 1064, 1070 y 1078).

Documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo que contiene, casi siempre el cobro de dinero: pagaré, letra de cambio, cheque, factura o bono. Debe mencionar el derecho incorporado y llevar la firma de quien lo crea. Circula por endoso, presta mérito ejecutivo y la acción para cobrarlo prescribe en tres años; la del cheque, en seis meses.

Derecho del afiliado a cambiarse de EPS, en cualquier día del mes, después de 360 días de permanencia. La permanencia no se exige cuando hay deficiente prestación o suspensión de servicios comprobada, cambio de residencia sin cobertura, unificación del núcleo familiar u otras causales tasadas. La EPS receptora debe continuar los tratamientos en curso y cumplir las tutelas ganadas.

Orden, casi siempre en una tutela, para que la EPS cubra todo lo que el paciente requiera por su enfermedad, presente y futuro, sin fragmentar la atención: consultas, exámenes, medicamentos, insumos, cirugías, rehabilitación y transporte cuando aplique. Evita tener que tutelar cada servicio por separado. La ley prohíbe dividir la responsabilidad en la prestación de un servicio.

Comunidad de vida permanente y singular entre dos personas mayores de edad que conviven sin estar casadas entre sí; sus integrantes son compañeros permanentes. Se declara por escritura pública ante notario, acta de conciliación o sentencia del juez de familia. Da derechos a salud, pensión de sobrevivientes, herencia y, tras dos años, sociedad patrimonial. Aplica a parejas del mismo sexo.

Delito que comete quien cobra por un préstamo, o por una venta a plazos, intereses que exceden en la mitad el interés bancario corriente que certifica la Superintendencia Financiera. Ese tope, llamado tasa de usura, cambia cada mes y aplica también a préstamos entre particulares y al «gota a gota». La pena es de prisión de 32 a 90 meses.

Descanso remunerado de quince días hábiles consecutivos por cada año de servicio, que el empleador debe conceder dentro del año siguiente y anunciar con quince días de anticipación. A petición escrita del trabajador puede pagarse en dinero hasta la mitad; el resto debe disfrutarse. Al terminar el contrato se compensan en dinero las vacaciones causadas y no tomadas.

Persona natural o jurídica que ha sufrido un daño como consecuencia de un delito. Lo es aunque no se identifique, capture, juzgue o condene al autor, y aunque tenga vínculo familiar con él (Código de Procedimiento Penal, art. 132). Tiene derecho a la verdad, la justicia y la reparación, y a intervenir en todas las fases del proceso.

Maltrato físico o psicológico contra cualquier miembro del núcleo familiar: pareja o expareja, hijos, padres o quienes conviven en la misma casa. Es delito con prisión de cuatro a ocho años, que se investiga de oficio y no admite desistimiento. Además del proceso penal, la víctima puede pedir de inmediato una medida de protección en la comisaría de familia.

Autorización que expide el Ministerio de Relaciones Exteriores a un extranjero para entrar y permanecer en Colombia con un propósito definido. Hay tres tipos: visitante (V), para estancias temporales como turismo, estudios cortos o negocios; migrante (M), para trabajo, cónyuge de colombiano, estudios o inversión; y residente (R), indefinida. Con visa superior a tres meses debe tramitarse cédula de extranjería.