Solicitud de medida de protección por violencia intrafamiliar

Cuando una persona es víctima, dentro de su contexto familiar, de daño físico, psíquico o a su integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar (artículo 4 de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 16 de la Ley 1257 de 2008). También procede cuando la agresión es inminente y se busca evitar que se realice. La petición es independiente de la denuncia penal y no la sustituye.

Ante la comisaría de familia. El artículo 20 de la Ley 2126 de 2021 permite acudir a cualquier comisaría: si hay varias en el municipio, la primera que conozca el caso debe adoptar las medidas provisionales y luego someter la petición a reparto; si la comisaría queda en jurisdicción distinta al domicilio de la víctima, adopta las medidas provisionales y traslada el asunto. Donde no haya comisaría, el competente es el Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal.

El artículo 10 de la Ley 294 de 1996 exige el nombre e identificación de quien la presenta, el nombre de las víctimas, el nombre y domicilio del agresor, el relato de los hechos y la solicitud de las pruebas. Se anexan la prueba del vínculo o de la convivencia, los soportes de la agresión —valoración de Medicina Legal, historia clínica, fotografías, mensajes— y los datos de los testigos. El artículo 9 permite presentarla por escrito, oralmente o por cualquier medio idóneo.

La petición debe presentarse dentro de los treinta días siguientes al hecho (artículo 9). Recibida, el comisario la avoca de inmediato y, si está fundada en al menos indicios leves, puede dictar medidas provisionales dentro de las cuatro horas hábiles siguientes, sin que contra ellas proceda recurso (artículo 11). Luego cita al acusado a una audiencia que tendrá lugar entre los cinco y los diez días siguientes a la presentación, a la que la víctima debe concurrir (artículo 12).

Nada. El trámite ante la comisaría de familia es gratuito y no requiere abogado. Además, el literal b) del artículo 8 de la Ley 1257 de 2008 reconoce el derecho a orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal gratuita, inmediata y especializada desde el momento en que el hecho se pone en conocimiento de la autoridad, garantizada por el Estado a través de la defensoría pública.

El artículo 7 de la Ley 294 de 1996 prevé multa entre dos y diez salarios mínimos legales mensuales por el primer incumplimiento, convertible en arresto, y arresto de treinta a cuarenta y cinco días si se repite dentro de los dos años siguientes. La sanción se impone en audiencia que debe celebrarse dentro de los diez días siguientes a la solicitud (artículo 17). El artículo 8 aclara que toda retaliación, venganza o evasión de los deberes alimentarios se entiende como incumplimiento.

Dejar pasar los treinta días del artículo 9; pedir protección en términos genéricos en vez de enumerar las medidas concretas del artículo 5; y no asistir a la audiencia. Tampoco conviene renunciar a la denuncia penal creyendo que la medida la reemplaza: el parágrafo 3 del artículo 5 obliga a la comisaría a remitir todos los casos a la Fiscalía, y desde la Ley 1542 de 2012 la violencia intrafamiliar no es querellable ni desistible.