Acción de tutela por derecho a la educación

Cuando una institución educativa pública o privada niega el cupo o la renovación de la matrícula, la cancela, excluye al estudiante de las actividades académicas o retiene sus certificados de notas, su diploma o su acta de grado. También cuando expide certificados con anotaciones marginales sobre deudas pendientes, práctica que la Corte Constitucional ha censurado porque la mención de la deuda es ajena al registro escolar de calificaciones.

Sí. El artículo 42, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 la autoriza contra quien esté encargado de la prestación del servicio público de educación. La sentencia C-134 de 1994 declaró inexequible la lista de derechos que ese numeral traía y precisó que la tutela procede siempre contra el particular que esté prestando cualquier servicio público, y por la violación de cualquier derecho constitucional fundamental.

La Corte Constitucional lo ha rechazado de forma reiterada. En la SU-624 de 1999 la Sala Plena sostuvo que las instituciones tienen a su disposición mecanismos judiciales ordinarios, ejecutivos y sumarios para cobrar las pensiones adeudadas, de modo que retener diplomas o certificados es una medida de presión inconstitucional. La T-944 de 2010 y la T-659 de 2012 reiteran esa regla y aclaran que entregar los certificados no condona la deuda: el cobro sigue siendo exigible por la vía judicial.

Que existe la deuda pero que no ha podido pagarla, que esa imposibilidad obedece a una causa justa y que hizo esfuerzos por acordar un plan de pago o por cumplir dentro de sus posibilidades. La jurisprudencia protege al estudiante frente a la medida de presión, no ampara la cultura del no pago: conviene aportar los soportes de la situación económica y de las gestiones realizadas ante la institución.

Ante cualquier juez con jurisdicción en el lugar donde ocurre la vulneración, por reparto, según el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991. El juez debe dictar fallo dentro de los diez días siguientes a la presentación y fijar un plazo perentorio de cumplimiento que no puede exceder de cuarenta y ocho horas, conforme al artículo 29 del mismo decreto.

El padre, la madre o el representante legal puede presentarla en su nombre, conforme al artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, que permite actuar por sí mismo o a través de representante. Juegan a favor el artículo 44 de la Constitución, que hace prevalecer los derechos de los niños sobre los de los demás, y los artículos 28 y 42 de la Ley 1098 de 2006, que obligan a las instituciones a facilitar el acceso al sistema educativo y a garantizar la permanencia.

No. El artículo 28 de la Ley 30 de 1992 reconoce a las universidades el derecho a darse sus estatutos, admitir a sus alumnos y otorgar títulos, pero esa autonomía se ejerce dentro de la Constitución y no habilita medidas de presión económica que sacrifiquen el derecho fundamental a la educación. El argumento de la tutela debe centrarse en el medio empleado, no en discutir la existencia de la obligación.