Acción de tutela por mínimo vital

Cuando el no pago de salarios, mesadas pensionales, incapacidades o licencias deja a la persona sin los recursos para cubrir sus necesidades básicas y las de su familia. No basta la deuda: hay que mostrar que ese ingreso era el sustento y que esperar un proceso ordinario causaría un perjuicio irremediable.

Ante cualquier juez con jurisdicción en el lugar donde ocurre la vulneración o donde se producen sus efectos, según el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991. El reparto lo fija el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025: contra particulares, como un empleador o una EPS privada, y contra entidades públicas departamentales, distritales o municipales conocen los jueces municipales; contra entidades públicas del orden nacional, como Colpensiones, los jueces del circuito. Esas reglas son de simple reparto y ningún juez puede rechazar la tutela invocándolas. No requiere abogado.

Copia de la cédula, el contrato o la resolución que reconoce la pensión, los desprendibles o certificaciones que muestren los últimos pagos, las incapacidades o licencias expedidas, las reclamaciones presentadas ante el accionado y los documentos que acrediten la situación económica y las personas a cargo.

El artículo 86 de la Constitución dispone que en ningún caso pueden transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución, y el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991 repite ese término. Ese mismo artículo exige que el fallo señale un plazo perentorio de cumplimiento que no puede exceder de 48 horas.

Porque el artículo 6 numeral 1 del Decreto 2591 de 1991 obliga a apreciar la eficacia del otro medio de defensa en concreto, atendiendo las circunstancias del solicitante. Cuando el incumplimiento se prolonga, el ingreso es la única fuente de sustento y la duración del proceso ordinario laboral dejaría a la persona sin medios de subsistencia, la Corte Constitucional admite la tutela como mecanismo principal.

No con detalle. Según las reglas que compila la sentencia T-649 de 2013, al demandante le basta alegar y probar siquiera sumariamente que el incumplimiento lo pone en situación crítica por no tener otros ingresos; la afectación del mínimo vital se presume cuando el incumplimiento es prolongado o indefinido y superior a dos meses, salvo que la persona devengue un salario mínimo, caso en el cual el plazo no se exige. Corresponde al demandado desvirtuar esa presunción.

Redactarla como una demanda de cobro y no como una tutela: si sólo se afirma la deuda, sin explicar de qué vivía la persona y qué dejó de pagar, el juez la declara improcedente por subsidiariedad. También omitir los desprendibles o certificaciones que muestran los últimos pagos, y no pedir además el pago oportuno de las mesadas o salarios que se causen en adelante.