Contrato de obra o remodelación

Lo dice el artículo 2053 del Código Civil según quién ponga la materia. Si el artífice suministra la materia, el contrato es de venta y no se perfecciona sino con la aprobación de quien ordenó la obra, de modo que el riesgo de la cosa no pasa a este sino desde esa aprobación. Si la materia principal la suministra quien encarga la obra, poniendo el artífice lo demás, el contrato es de arrendamiento de obra y se sujeta a las reglas generales del arrendamiento, con las especiales de ese título. Por eso el modelo obliga a decir expresamente quién compra los materiales: de ahí cuelgan el riesgo y buena parte de las obligaciones.

En el precio único prefijado el contratista se encarga de toda la obra por una suma cerrada y asume el riesgo de que le salga más cara: el numeral 1 del artículo 2060 le prohíbe pedir aumento de precio a pretexto de haber encarecido los jornales o los materiales, o de haberse hecho agregaciones al plan primitivo, salvo que se haya ajustado un precio particular por ellas. En la administración delegada el contratante paga los costos reales de la obra y al contratista unos honorarios, normalmente un porcentaje, de modo que el riesgo del mayor costo lo asume el dueño. La única excepción legal al precio cerrado está en el numeral 2 del artículo 2060: circunstancias desconocidas, como un vicio oculto del suelo, que ocasionen costos imprevisibles, caso en el cual el contratista debe hacerse autorizar por el dueño y, si este rehúsa, acudir al juez.

Diez años. El numeral 3 del artículo 2060 del Código Civil hace responsable al empresario si el edificio perece o amenaza ruina, en todo o en parte, en los diez años subsiguientes a su entrega, por vicio de la construcción, por vicio del suelo que él o sus empleados hayan debido conocer en razón de su oficio, o por vicio de los materiales. El artículo 2061 extiende esa regla a quienes se encargan de la construcción en calidad de arquitectos. Y el numeral 4 aclara algo que suele malentenderse: el recibo otorgado por el dueño después de concluida la obra solo significa que la aprueba como exteriormente ajustada al plan y a las reglas del arte, y no exime al empresario de esa responsabilidad.

El artículo 2059 dispone que si quien encargó la obra alega no haberse ejecutado debidamente, las dos partes nombran peritos que decidan; siendo fundada la alegación, el artífice puede ser obligado, a elección del dueño, a hacer la obra de nuevo o a indemnizar los perjuicios, y la restitución de los materiales puede hacerse con otros de igual calidad o en dinero. Además, el artículo 2056 remite a las reglas generales de los contratos para la reclamación de perjuicios cuando una parte no ejecuta lo convenido o retarda su ejecución, y el artículo 1546 permite a la parte cumplida pedir a su arbitrio la resolución o el cumplimiento, con indemnización.

Sí, pero pagando. El inciso segundo del artículo 2056 del Código Civil permite a quien encargó la obra hacerla cesar, aun habiéndose estipulado un precio único y total, reembolsando al artífice todos los costos, dándole lo que valga el trabajo hecho y lo que hubiera podido ganar en la obra. No es una terminación gratuita: incluye el lucro cesante del contratista. Por eso conviene pactar en el contrato cómo se liquida esa terminación, que es lo que hace la cláusula de terminación anticipada del modelo.

El contratista independiente responde por sus propios aportes, pero la afiliación a riesgos laborales no es opcional. El artículo 2 de la Ley 1562 de 2012, que modificó el artículo 13 del Decreto-ley 1295 de 1994, hace afiliados obligatorios a las personas vinculadas mediante contrato formal de prestación de servicios con entidades públicas o privadas, incluidos los contratos civiles y comerciales, con duración superior a un mes. Y tratándose de trabajadores independientes que laboran en actividades catalogadas como de alto riesgo —la construcción lo es—, la misma norma dispone que el pago de esa afiliación corre por cuenta del contratante. El contrato exige por eso la prueba mensual de los aportes.

Es la parte del precio que el contratante no paga con el acta final, sino que retiene por un tiempo para responder por defectos que aparezcan después de la entrega. No la impone la ley: es un pacto, y por eso hay que decir en el contrato el porcentaje, el plazo y en qué caso se hace efectiva. Funciona mejor que la cláusula penal para vicios menores, porque no hay que perseguir al contratista para cobrar. La cláusula penal del artículo 1592 del Código Civil sigue sirviendo para el retardo y para el incumplimiento grave, con el límite del artículo 1601 sobre pena enorme.