Solicitud de devolución de lo pagado por fotomulta

Sólo cuando el pago perdió su causa: la sanción fue revocada por la propia administración, anulada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, o se declaró su prescripción o la caducidad de la acción; también cuando el mismo comparendo se pagó dos veces o se pagó un valor superior al liquidado. Mientras la sanción esté en firme y no haya sido dejada sin efecto, el pago tiene causa legal.

No. La apertura de una investigación administrativa o la formulación de un pliego de cargos contra un organismo de tránsito o contra el operador de las cámaras no revoca ni anula los comparendos ya impuestos: son actuaciones distintas. La devolución requiere un acto o una sentencia que deje sin efecto la sanción concreta que se pagó.

El artículo 2313 del Código Civil dispone que quien por error ha hecho un pago y prueba que no lo debía tiene derecho a repetir lo pagado. A ello se suma el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, según el cual los actos administrativos pierden obligatoriedad cuando desaparecen sus fundamentos de hecho o de derecho.

Ante el organismo de tránsito que impuso la sanción y recibió el pago, que conforme al artículo 159 de la Ley 769 de 2002 es el de la jurisdicción donde se cometió el hecho. Como derecho de petición, debe responderse de fondo dentro de los quince días hábiles siguientes a la radicación, según el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015.

El comprobante o los comprobantes de pago con fecha, valor y número de transacción; copia del acto, la sentencia o la constancia que dejó sin efecto la sanción, y copia del documento de identidad. Sin la prueba del pago y sin el título que quita sustento a la obligación, la entidad negará la solicitud.

Puede solicitarse la actualización del valor conforme a la variación del índice de precios al consumidor entre la fecha del pago y la de la devolución. El reconocimiento depende de lo que decida la entidad y, en su defecto, de lo que resuelva el juez; por eso la petición lo plantea de forma subsidiaria y sin darlo por descontado.

El silencio vulnera el derecho fundamental de petición y habilita la acción de tutela para obtener respuesta. Si la respuesta es negativa, se trata de un acto administrativo susceptible de los recursos de la vía administrativa y, agotada esta, de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.