Cómo divorciarse en Colombia: guía completa

¿Cómo funciona el divorcio unilateral desde la Ley 2442 de 2024?

Sí, y desde el 27 de diciembre de 2024 es más simple de lo que muchas guías siguen diciendo. La Ley 2442 de 2024 añadió al artículo 154 del Código Civil la causal 10: «la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges». Ya no hay que probar una infidelidad, un maltrato ni dos años de separación. Basta con querer divorciarse.

Lo que la ley pide a cambio es orden. El artículo 156, tal como quedó, exige que la demanda vaya acompañada de una «propuesta de divorcio» con las medidas que van a regular sus efectos: alimentos, custodia y visitas si hay hijos, y la liquidación de la sociedad conyugal. El demandado no puede oponerse al divorcio en sí; sólo puede oponerse al contenido de la propuesta, y para hacerlo debe presentar una distinta.

El juez no es un simple notario de ese acuerdo. La misma norma le ordena revisar de oficio la cuota alimentaria propuesta cuando hay menores, verificar si uno de los cónyuges queda sin medios de subsistencia, y examinar, con perspectiva de género, si detrás de la demanda hay otras causales o una situación de riesgo que exija medidas de protección.

La causal 8 sigue vigente y sigue siendo útil: la separación de cuerpos, judicial o de hecho, por más de dos años. Se usa cuando conviene que el divorcio conste por una causal objetiva, y no exige demostrar culpa del otro.

¿Cómo funciona el divorcio en notaría?

El artículo 34 de la Ley 962 de 2005 lo permite con tres condiciones: mutuo acuerdo, intervención de abogado y escritura pública. Sirve tanto para el matrimonio civil como para la cesación de efectos civiles del matrimonio religioso, y la ley dice expresamente que produce los mismos efectos que el divorcio decretado por un juez.

Si hay hijos menores, el notario le notifica el acuerdo al defensor de familia, que rinde concepto sobre la protección de los hijos: custodia, visitas y alimentos. Es el único caso en que interviene, y en la práctica es lo que más tiempo añade al trámite. Sin hijos menores, un divorcio notarial suele resolverse en semanas.

Hay un puente que la Ley 2442 dejó entre las dos rutas y que conviene conocer: el artículo 7 permite que quien empezó un divorcio unilateral por la causal 10 lo termine en notaría, si en el camino los dos acuerdan tramitarlo bajo la causal 9, la del consentimiento mutuo. Una demanda presentada muchas veces produce el acuerdo que antes no existía.

¿Qué pasa con los hijos y con los bienes?

El artículo 160 del Código Civil fija los efectos: ejecutoriada la sentencia, se disuelve el vínculo y se disuelve la sociedad conyugal, pero subsisten los deberes y derechos frente a los hijos comunes. El divorcio termina el matrimonio; no termina la paternidad ni la maternidad.

Con hijos menores, la propuesta o el acuerdo debe fijar la cuota alimentaria conforme al artículo 24 de la Ley 1098 de 2006 —sustento, vivienda, vestido, salud, recreación y educación—, la custodia y el régimen de visitas con su periodicidad. El interés superior del niño prima sobre lo que pacten los padres, y el juez o el defensor de familia pueden corregir lo acordado.

La sociedad conyugal se liquida: se reparten los bienes y las deudas adquiridos durante el matrimonio. Por regla general quedan fuera los bienes propios de cada uno, los que tenía antes de casarse y los que recibió por herencia o donación. La liquidación puede hacerse en el mismo trámite, si hay acuerdo, o en un proceso separado si no lo hay.

¿Hay plazo para pedir el divorcio?

Para el divorcio en sí, no. El artículo 156 dice que la demanda puede presentarse en cualquier tiempo, sin límites de caducidad.

El plazo existe para el dinero. Cuando además del divorcio se pretenden reparaciones económicas o sanciones por las causales 1 a 5 y 7, la solicitud debe presentarse dentro de los dos años, contados desde que se conocieron los hechos o desde que ocurrieron, según la causal. Pasado ese término el divorcio sigue siendo posible, pero sin esas consecuencias económicas.

Y hay una regla nueva para la violencia: cuando se prueba la causal 3 —ultrajes, trato cruel y maltrato—, la sentencia debe declarar la reparación integral, económica y simbólica, a favor de la víctima, incluso de oficio.