¿A qué horas pueden llamar de cobranzas?

¿Qué horarios y frecuencia fija la Ley 2300?

El artículo 3 es literal: las prácticas de cobranza deben hacerse dentro del horario de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., y sábados de 8:00 a. m. a 3:00 p. m., «excluyendo cualquier tipo de contacto con el consumidor los domingos y días festivos».

Sobre la frecuencia dice que, una vez establecido un contacto directo, no podrás ser contactado «mediante varios canales dentro de una misma semana ni en más de una ocasión durante el mismo día». No es «una llamada por semana», como circula: es un contacto al día y un solo canal por semana.

Solo pueden buscarte por los canales que tú autorizaste, y deben haberte informado antes las opciones para que elijas (artículo 2). Si quieres que te contacten en otro horario, debes pedirlo expresamente y por un documento distinto del contrato.

¿A quién aplica la ley?

A las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y a toda persona natural o jurídica que ejerza actividades de cobranza, incluidas las casas de cobranza tercerizadas y los compradores de cartera. Está vigente desde el 10 de octubre de 2023.

Aplica a la cobranza prejudicial, que es la que se hace antes de demandar. Una vez hay proceso judicial, las comunicaciones se rigen por las reglas del proceso.

¿Qué más tienen prohibido?

Contactar a tus referencias personales o de cualquier otra índole, en ningún caso (artículo 4). Preguntarte por qué no has pagado (artículo 7). Visitarte en la casa o el trabajo, salvo para microcrédito y crédito agropecuario. Y usar un lenguaje que afecte tu intimidad personal o familiar.

Tampoco pueden cobrarte gastos de cobranza que no estén pactados, ni amenazarte con reportes o embargos que no procedan legalmente.

¿Cómo denuncio a la cobranza que incumple?

Guarda la evidencia: capturas con hora, registro de llamadas, mensajes a tus referencias. Envía a la entidad una queja escrita citando el artículo 3 de la Ley 2300 y pidiendo que cese el contacto fuera de horario.

Si sigue, la queja va a la Superintendencia Financiera cuando el acreedor es un banco o entidad vigilada, y a la Superintendencia de Industria y Comercio en los demás casos, según el artículo 9. Las sanciones son las de la Ley 1266 de 2008.