¿Cómo se fija la cuota alimentaria si el padre no tiene trabajo?

¿Qué dice la ley cuando el padre no tiene ingresos demostrables?

El artículo 129 del Código de la Infancia y la Adolescencia resuelve el problema de la prueba: si el juez no tiene prueba de la solvencia del alimentante, puede establecerla «tomando en cuenta su patrimonio, posición social, costumbres y en general todos los antecedentes y circunstancias que sirvan para evaluar su capacidad económica».

Y añade la presunción que cambia todo: «en todo caso se presumirá que devenga al menos el salario mínimo legal». Sobre esa base el juez fija la cuota, aunque el padre diga que no gana nada.

El artículo 24 de la misma ley define los alimentos como todo lo indispensable para sustento, habitación, vestido, salud, recreación y educación, «de acuerdo con la capacidad económica del alimentante». Por eso la cuota se ajusta a lo que tiene, pero nunca a cero.

¿Cuánto suele fijarse cuando solo hay salario mínimo?

No hay un porcentaje fijo en la ley. Los jueces y comisarías suelen fijar entre el 20 % y el 30 % de los ingresos por un hijo, y hasta el 50 % cuando son varios, porque ese es el tope de embargo del salario por alimentos según el artículo 156 del Código Sustantivo del Trabajo.

La cuota también puede fijarse en especie: parte en dinero y parte en pago directo del colegio, la EPS o el arriendo. Lo que importa es que quede determinada en el acta o en la sentencia.

¿Dónde y cómo se fija la cuota?

Primero en conciliación, que es gratuita en las comisarías de familia, los centros zonales del ICBF y los consultorios jurídicos. Si hay acuerdo, el acta presta mérito ejecutivo: se puede cobrar por embargo sin más juicio.

Si el padre no asiste o no hay acuerdo, se presenta demanda de fijación de alimentos ante el juez de familia. Desde el auto que admite la demanda el juez fija una cuota provisional, con solo la prueba del parentesco, y puede decretar embargos para asegurarla.

¿Qué pasa si el padre trabaja informal o esconde ingresos?

El juez puede pedir extractos bancarios, información de la DIAN, registros de propiedad y de vehículos, y valorar el nivel de vida visible: viajes, carro, redes sociales. Los indicios sirven como prueba de capacidad económica.

Y si la cuota se fija y no la paga, además del embargo procede la denuncia por inasistencia alimentaria del artículo 233 del Código Penal, que castiga con prisión de dieciséis a cincuenta y cuatro meses, o de treinta y dos a setenta y dos cuando la víctima es menor.